Tarjetas de Crédito y Bancos distorsionan el funcionamiento del mercado y atentan contra la Competencia – Anmype

Tarjetas de Crédito y Bancos distorsionan el funcionamiento del mercado y atentan contra la Competencia

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SE SOLICITA DICTAMEN A LA COMISION DE PROMOCION Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

 

La Asociación de Arrendadoras de Autos sin Chofer (ASARA), Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (ARHU), Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (CAMBADU), Cámara de la Alimentación, Importadores de Calzados, Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), Asociación de Feriantes, Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobus (ANETRA), Asociación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (ANMYPE) y la Cámara de Ferreteros, Bazaristas y Afines del Uruguay (CAFBADU) ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia se presenta y expresa:

 

Que solicitan dictamen de la Comisión sobre conductas de Bancos y Tarjetas de Crédito que distorsionan el mercado y atentan contra la libre competencia como valor constitucionalmente protegido.

 

Es conocido que la banca e instituciones de intermediación financiera ejercen un poder coercitivo en el mercado.

 

Las tarjetas involucradas son las que conocemos: American Express, Cabal, Diners, Master Card, Oca y Visa.

 

1)      Estas instituciones prohíben al comercio en general que promocionen ventas al contado.

¿Qué poder se le atribuye a la Banca o a estas Personas Jurídicas privadas prohibirle a otro privado (comercio) realizar promociones por venta al contado?

Entendemos que esta limitación atenta contra la libertad de competencia y contra la autonomía de la voluntad de los comerciantes.

 

2)      Si estas empresas en un sistema imprescindible que “DEBE” ser utilizado para no quedar afuera se unen e imponen sus condiciones estamos ante un claro “abuso de posición dominante en el mercado” reforzado por las cláusulas de los contratos que les hacen firmar a los comercios que “DEBEN” adherir al sistema para no quedar afuera.

Los contratos de las tarjetas son contratos de adhesión sin posibilidad de negociaciòn. Las cláusulas abusivas no se pueden quitar, los contratos no se pueden cambiar.

Por ende entendemos que estamos en presencia de una práctica que distorsiona la genuina competencia.

3)     Fijación de aranceles y plazos. Las personas jurídicas determinadas precedentemente fijan a su arbitrio en un mismo sector del comercio diferentes aranceles haciendo competir de esta forma en mejores condiciones a algunos comercios sobre otros.

En este marco no nos cabe duda que el arancel no sólo debe ser regulado sino que debe ser igual para todos.

Una acción discriminatoria configura una lesión a la competencia en aquellos casos que restringe la capacidad de competir.

Por tanto creemos que se debe prohibir la fijación de aranceles diferenciados por sector de actividad en tanto perjudican a competidores y consumidores.

4)     La realización de promociones y descuentos en forma indiscriminadas con determinadas tarjetas y comercios lo que excluye del mercado a los restantes competidores.

Desde hace unos años las entidades de institución financiera han hecho alianzas con algunos comercios en un sector de actividad ofreciendo al consumidor final respecto de estos comercios unos descuentos extraordinarios en algunos casos del 10, el 15 y hasta el 25 o 30 %.

Estas prácticas depredatorias son esencialmente exclusorias ya que los precios allí fijados son imposibles de igualar por el comercio pequeño y mediano.

Favorecer a algunos comerciantes en desmedro de otros no hace más que distorsionar el mercado.

El artículo 64 de la Ley 19210 (Ley de inclusión financiera) en su redacción dada por la Ley 19478 de 05/01/2017 que establece: «Los proveedores o comercios que decidan aceptar tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico no podrán cobrar en las enajenaciones de bienes o prestaciones de servicios que efectúen un precio mayor si el pago se realiza mediante estos instrumentos que si el mismo se realiza con efectivo. Tampoco podrán limitar la aceptación de los referidos medios de pago electrónico estableciendo montos mínimos para su uso.

Cualquier promoción que ofrezca beneficios monetarios o no a los consumidores que adquieran los productos o servicios involucrados contra el pago en efectivo, realizada por cualquier proveedor o comercio, deberá extenderse a los pagos realizados con tarjeta de débito o con instrumento de dinero electrónico. (…)»

Hemos dicho que la referida ley y específicamente su art. 64, lejos de proyectar una verdadera inclusión financiera lo que hace es bancarizar a la población porque se incorpora al sistema financiero el manejo de la economía en general siendo los jugadores más poderosos – los bancos – los únicos que van a ganar, fomentando competencia entre distintos actores que se encuentran en posiciones desiguales y generando condiciones para fortalecer a los más robustos.

Parece una ley hecha a medida de los bancos porque profundiza la posición dominante ya que le otorga mayores atribuciones con las que antes no contaban.

Además discrimina en perjuicio de los pequeños comerciantes y en beneficio de los comerciantes grandes en función que son éstos últimos los que tienen posibilidades comerciales de negociar con los expendedores de tarjetas los montos de los aranceles.

Es ese valor constitucional de defensa de la competencia lo que anima esta carta denuncia firmada por todas las gremiales arriba mencionadas.